La querella del Info desvela que la conservera de Navarro cobraba 1,5 millones al año, «por asesoramiento contable y apoyo», a la fábrica que se comprometió a reflotar
22.09.11 - 00:38 -
Obras son amores, y no buenas razones. El empresario murciano Joaquín Navarro Salinas adquirió en 2009 las conserveras Halcón Foods y Conservas Fernández y, merced a un aval de la Comunidad Autónoma por importe de 28,5 millones, logró un préstamo mancomunado de 35,5 millones que se comprometió a destinar, íntegramente, al reflotamiento de ambas fábricas.
La forma en la que actuó, sin embargo, en los meses sucesivos ha despertado mucho más que dudas sobre sus verdaderas intenciones. Hasta el extremo de que tanto el Instituto de Fomento (Info), organismo dependiente de la Administración regional y avalista del préstamo, y UGT se han querellado contra el industrial, a quien acusan de haber desviado parte importante de aquel dinero a sus propias empresas, como Cofrusa y la inmobiliaria Proconsa, y haberse dedicado en realidad a descapitalizar, y dejar hundirse definitivamente, a las dos firmas del Grupo Halcón. Algo con lo cual, de paso, estaría eliminando competencia del sector.Las querellas interpuestas contra Joaquín Navarro Salinas, de cuya existencia informó ayer 'La Verdad', desvelan que el empresario de la conserva recibió el 30 de junio de 2009 el dinero del préstamo mancomunado y que en apenas un mes, a lo largo de julio de ese año, empezó a realizar trasferencias desde las cuentas de Halcón Foods a las de Cofrusa, hasta alcanzar un importe de 11.929.729 euros.
El Info tuvo conocimiento además de que, con el fin de «tratar de justificar de cualquier modo esa trasferencia no consentida a Cofrusa», se firmaron unos contratos entre esta compañía y Halcón Foods, por la que la primera se comprometía a prestar «unos servicios de todo punto injustificados», en opinión de la Administración regional, como un contrato de prestación de servicios informáticos, por importe de 180.000 euros anuales; prestación de servicios de administración y asesoramiento contable (180.000 euros al año); servicios de apoyo logístico y consultoría (960.000 euros), y asesoramiento en materia de recursos humanos, jurídica y fiscal (120.000 euros). Importes todos ellos que sumaban 1,4 millones de euros al año, más IVA, y que suponían para Halcón Foods el 8% de todas las ventas en el ejercicio 2009. «Un coste manifiestamente exagerado y desproporcionado», como se recoge en la querella del Info.
A ello se sumaba además el cobro por parte de Cofrusa de una comisión del 5% de las ventas de Halcón y por la cual en 2009 le facturó otros 398.813 euros.
El Info va más allá al sospechar que tales contratos aparentemente abusivos, firmados todos ellos el 26 de mayo de 2009, son en realidad documentos «simulados», elaborados 'ex profeso' para tratar de justificar de alguna manera, 'a posteriori', parte de esa trasferencia de doce millones de euros a Cofrusa.
El supuesto desvío de fondos desde unas empresas a otras es, junto a otras circunstancias, lo que ha convencido al organismo oficial que avaló el préstamo millonario de que el propósito inicial de Joaquín Navarro Salinas era, en vez de reflotar las firmas del Grupo Halcón, utilizar ese dinero para financiar sus propias empresas (Cofrusa y Proconsa, entre otras). Una operación que el Info no duda en calificar de «maquinación fraudulenta», en la cual se habría valido del «engaño» para convencer a la Administración de que su propósito era salvar esas fábricas y mantener 550 puestos de trabajo.
El Instituto de Fomento llega a reconocer haber «confiado plenamente en las intenciones del señor Navarro Salinas» y haber realizado «un importante esfuerzo, apostando firmemente por la continuidad empresarial del Grupo Halcón». Las expectativas, según lo relatado, se habrían visto gravemente defraudadas.
Múltiples imputaciones
La consecuencia de ese supuesto desvío fraudulento de fondos desde unas empresas a otras fue la presentación, el pasado mayo, de una querella por parte de UGT. En ella se imputan a Joaquín Navarro Salinas y a su hijo, Joaquín Navarro Alemán, los presuntos delitos de falsedad de cuentas, insolvencia punible, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. A esta querella siguió posteriormente la del propio Info, que a su vez considera que el conservero ha podido incurrir en delitos de estafa y/o apropiación indebida.
Fuentes próximas al caso han confirmado que ambas querellas ya han sido admitidas a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia.
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