viernes, 12 de abril de 2013

Giscarmsa se prepara para el adiós


El fin de la sociedad está previsto para el próximo 15 de mayo; el SMS asumirá la gestión del Santa Lucía y Los Arcos 

12.04.13 - 01:10 - 


La Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Murcia (Giscarmsa) se prepara para echar el cierre y poner fin a su corta y turbulenta historia. La empresa pública, que nació en 2005 para construir y gestionar los hospitales de Cartagena (Santa Lucía) y Mar Menor (Los Arcos), va a presentar de forma inminente un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a sus 24 trabajadores, confirman fuentes del Servicio Murciano de Salud (SMS). Serán las primeras víctimas del incumplimiento de los objetivos de déficit que marcó el Ministerio para el año 2012, y también del fracaso de la operación ideada por la Consejería de Hacienda para abrir las puertas de la empresa al capital privado.

La disolución de Giscarmsa debe hacerse, en principio, antes del 15 de mayo, según marcan los planes de Hacienda. Para entonces, el ERE debería estar resuelto. Los trabajadores quedarán en la calle, a expensas de que alguno de ellos pueda ser rescatado después por el Servicio Murciano de Salud a través de sus bolsas de empleo.
El siguiente paso será la cesión general de la actividad de la empresa al SMS. Giscarmsa se encarga ahora de la gestión de los servicios no santarios del Santa Lucía y Los Arcos (limpieza, seguridad, mantenimiento y restauración), que a su vez ha adjudicado a empresas privadas. «Las actuales adjudicaciones se mantendrán en las mismas condiciones que hasta ahora. La única diferencia es que esas empresas facturarán al SMS y no a Giscarmsa», explican fuentes de Sanidad.
Pero queda otro asunto por resolver. Giscarmsa firmó con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un crédito de 150 millones de euros para la construcción de los hospitales. ¿Qué ocurrirá ahora con ese préstamo? Hacienda asegura que se producirá un cambio de titularidad sin que cambien las condiciones. Sin embargo, lo cierto es que el BEI introdujo numerosas cláusulas para asegurarse de que tenía la sartén por el mango. Si considera que sus intereses se ven lesionados por el cambio, puede dar por resuelto el contrato. En ese caso exigiría la devolución de lo que queda por pagar (143 millones de euros, según los datos facilitados por Hacienda). Fuentes internas y no oficiales de Giscarmsa elevan la cantidad que hipotéticamente demandaría la entidad financiera a algo más de 200 millones, porque -aseguran- hay que sumar otras cantidades por intereses y valor patrimonial.
La Consejería de Hacienda admite que el contrato que firmó Giscarmsa con el banco «prevé la necesidad de comunicar al BEI cualquier cambio en las condiciones del mismo» -un trámite que ya se ha hecho- pero descarta que vaya a producirse una resolución del préstamo. La Comunidad subraya que el traspaso de la titularidad supone en realidad una «garantía adicional» para la entidad financiera, ya que siempre ofrece más seguridad a las instituciones bancarias la propia Administración general que sus entes.
Un ahorro limitado
Si todo transcurre como promete Hacienda, Giscarmsa habrá llegado a su fin. Se cumplirá así el compromiso de eliminar un ente público más, y se habrá reforzado con ello el mensaje de que la Administración está adelgazando y eliminando 'grasa'. Sin embargo, el ahorro real será limitado, porque los servicios no sanitarios de los hospitales de Cartagena y Mar Menor seguirán costando exactamente lo mismo que hasta ahora. La reducción de costes se circunscribirá, básicamente, a las nóminas de los trabajadores (además de algunos gastos corrientes). Según los Presupuestos de la Comunidad para 2013, el capítulo de personal es de un millón de euros anuales. Pero el ahorro será menor si se rescata después a algunos empleados para el Servicio Murciano de Salud.
Fuentes de Sanidad admiten que, además de esa reducción, la única ventaja será que el SMS no tendrá que pagar el IVA que ahora se le exige a Giscarmsa, y que de hecho ha provocado un litigio entre la empresa y la Agencia Tributaria.

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